En el marco del “Conversatorio sobre derechos de las víctimas: Una deuda impostergable”, realizado el 18 y 19 de agosto de 2018, organizaciones civiles, representantes de colectivos, víctimas y expertos analizaron los avances y retos en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas, así como el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sus delegaciones y de las Comisiones Estatales en materia de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral del daño.
Entre las personas participantes, asistieron víctimas directas e indirectas de desaparición, secuestro, detención arbitraria, tortura, feminicidio, desplazamiento forzado interno, entre otros delitos y violaciones a derechos humanos, provenientes de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Las y los participantes señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución competente para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, sigue marcada por una gran debilidad institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para las víctimas. La mayoría de las víctimas participantes han enfrentado dificultades para ingresar al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y acceder a los servicios de la CEAV, en especial debido a procesos lentos, burocráticos, discrecionales y revictimizantes.
En relación con la Asesoría Jurídica Federal, las personas asistentes al conversatorio señalaron de forma reiterada que el personal tiene cargas de trabajo tan grandes que no les permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con sólo de 83 asesores jurídicos (37 en la sede y 46 de las delegaciones en las entidades federativas); se calcula que en promedio un Asesor Jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y un trato digno a las víctimas. Además se señaló que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha Asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.
Las y los participantes observaron con suma preocupación el incumplimiento de las entidades federativas con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Victimas, en particular debido a la falta de voluntad política de los congresos y poderes ejecutivos locales, lo cual deja en el desamparo a miles de víctimas del fuero común. A la fecha, sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley y otras 17 de forma parcial, en la mayoría de los casos, los procesos de armonización legislativa se han realizado sin consulta y participación de las víctimas, como en el caso de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin que hasta la fecha exista Comisión que la implemente. Las organizaciones y colectivos denunciaron, además, a los gobiernos estatales y los congresos locales de Baja California y Guanajuato, pues ni siquiera han aprobado la Ley.
Asimismo, las organizaciones y colectivos lamentaron que a la fecha 12 entidades federativas siguen sin contar con una Comisión Estatal para la atención a las víctimas. Otras como Guerrero, Nayarit y Veracruz cuentan con una Comisión Estatal pero carecen de un Fondo Estatal, lo cual impide el acceso de las víctimas a las medidas de apoyo previstas en la Ley.
Frente a este panorama, las organizaciones civiles, colectivos, expertos acordaron lanzar el “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas” como esfuerzos para promover desde la sociedad civil organizada una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas, así como para contribuir en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en México. Mediante el Observatorio, esta coalición buscará incidir en el fortalecimiento del Sistema de Atención a Víctimas por medio del monitoreo, análisis y la evaluación de las instituciones encargadas de la atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Como resultado de este espacio, se formularon recomendaciones dirigidas a autoridades federales y locales.